Entre
40.000 y 60.000 trabajadores españoles morirán de cáncer hasta el 2030 por
haber estado expuestos al amianto durante las dos últimas décadas. Las cifras
son de auténtico escándalo. Pero todavía es más escandalosa la desatención y el
olvido de los poderes públicos hacia las víctimas y sus familiares, en una
situación explosiva que requiere la adopción de medidas urgentes.
La
cifra es muy baja, ya que un estudio europeo sobre exposición a cancerígenos,
el proyecto Carex, considera que en nuestro país había unos 57.000 trabajadores
del amianto hacia la mitad de los años 90, mientras que otras estimaciones
consideran que en los últimos 40 años habrán sido unos 200.000 los trabajadores
expuestos.
Una
vigilancia médica con escasos hallazgos
Pero
si el número de trabajadores atendidos es pequeño, más pobres son todavía los
resultados en cuanto a patologías derivadas de la exposición al amianto. Sólo
se han encontrado 69 casos de enfermedad pulmonar producida por las fibras de
amianto (asbestosis), mientras que de los cánceres más típicamente provocados
por el amianto, únicamente se han diagnosticado 12 casos de mesotelioma pleural
y 8 de cáncer de pulmón.
El
cáncer de pulmón puede deberse a diversos factores, entre ellos al tabaco; sin
embargo, el mesotelioma pleural casi siempre se debe al amianto. Pues bien,
a partir de las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística) se han
contabilizado, entre 1978 y 1996, 2.955 casos de muertes por mesotelioma
pleural en nuestro país, lo que viene a constituir en promedio 164 casos por
año, una incidencia muy superior a la detectada por el programa del Ministerio
de Sanidad. Además, las estadísticas de otros países muestran que el número de
casos de cáncer de pulmón por amianto es el doble que el de mesoteliomas, con
lo que puede estimarse que el total de casos de cáncer por amianto en nuestro
país rondará los 400 ó 500 al año. En Francia, sólo por amianto, se reconocen
anualmente 1.200 cánceres de pulmón y 750 mesoteliomas. En el Reino Unido se
reconocen 1.235 mesoteliomas al año, y en Alemania 700.
Entre
el olvido y la ocultación
La
historia vuelve a repetirse: las víctimas del amianto son relegadas al olvido y
a la ocultación. Las empresas para las que trabajaron hicieron todo lo
posible por retrasar la prohibición del amianto. De hecho, la
representación española para los temas del amianto ante la Comunidad Europea
estuvo constituida por personal de la empresa Uralita. No en vano fue España el
último país de la Unión Europea en aceptar la prohibición. Estas empresas hasta
ahora no han asumido (ni voluntariamente, ni por exigencias judiciales) su
responsabilidad con las víctimas del amianto. Se escudan en que cumplían con
la normativa y en que se desconocían los efectos del amianto. Las pruebas
apuntan a que ni lo uno ni lo otro es cierto.
Por
otro lado, el Estado, una vez prohibido el amianto, trata de esquivar sus
responsabilidades, poniendo toda clase de obstáculos y trabas a las
víctimas cuando reclaman sus derechos y obligándolas a emprender largas y
costosas reclamaciones jurídicas. El resultado es que a veces el
reconocimiento de los derechos llega tarde y muchos ya no los pueden disfrutar
porque han fallecido.
Recientemente
una Comisión del Senado francés ha elaborado un extenso y detallado informe sobre
el problema del amianto, cifrando el número de víctimas mortales entre 60.000 y
100.000 personas en los próximos 20 años, estimando los costes económicos entre
27.000 y 37.000 millones de euros para reparación de daños a las víctimas y
señalando al Estado de haber faltado gravemente a sus responsabilidades. Uno
de los capítulos del Informe lleva por título: 'El Estado, anestesiado por el
lobby del amianto'. Aquí, en España, cuando alguien insiste en el tema del
amianto, le acusan de crear alarma social.
JULIO A. MÁÑEZ / JOSÉ MARÍA ROEL
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